Treasury behauptet, die Royal Theatre Millionen Euro

Cada funcionario debería de devolver entre 3.000 und 6.000 €. La cantidad exigida es la liquidación por el último convenio colectivo, que no cumple con el Decreto Ley de 2010, por el que se rebajaba el sueldo a los funcionarios.
Hacienda ha instado al Teatro Real a proceder a la liquidación de un millón de euros percibido indebidamente por sus funcionarios, ya que el coliseo firmó un convenio colectivo que contravenía el Decreto Ley de 2010, por el que se rebajaba el sueldo a todos los empleados públicos. El Comité de Empresa del teatro explica en un comunicado recogido por EFE quela nefasta gestión de la direccióndel Real ha llevado a que se pida a los trabajadores la devolución de cerca de un millón de euros “zwischen 3.000 und 6.000 €” a cada funcionario, lo que les llevaa tomar la decisión de realizar movilizaciones y huelgas que ponen en peligro el estreno de las próximas óperas”.
El presidente del Comité, Iván Ortega, ha explicado que el montante exigido se debe a que a ellos no se les aplicó la rebaja del 5 % en el sueldo y de que, auch, se les subió el IPC un 2,5 %, cuando el Gobierno lo había fijado en un máximo del 0,3%. “Nos lo quieren quitar con efecto retroactivo, pero nosotros no somos los culpables de que el anterior Administrador negociara mal el convenio colectivo, por eso habrá movilizaciones”, ha detallado.
El director general del Real, Miguel Muñiz, hat das erklärt, “efectivamente”, a pesar de lo que ordenaba el Decreto Ley de 20 Mai 2010, aplicable también al Real, entendieron en la negociación del convenio colectivo que el acuerdo al que habían llegado dirección y trabajadoressatisfacía el propósito de la ley”. dann, Hacienda les advirtió, “de forma provisional”, que su solución no era correcta. Hicieron alegaciones y, schließlich, im Januar, la Intervención General del Estado determinó que los funcionarios del Real debían devolver lo cobrado de más. La propuesta es que lo hagan detrayéndolo de las pagas extraordinarias de 2012 und 2013, según Muñiz. “Estaríamos encantados de no tenerlo que hacer, pero es una ley y hay que cumplirla. Es un mandato y debemos hacerlo obligatoriamente. No podemos hacer nada y si deciden llevar a cabo movilizaciones, será una patada pero quien tiene que responder es el legislador”, ha añadido.